Abogado de negligencias médicas

• En reclamación patrimonial sanitaria (típica de sanidad pública), el plazo general es 1 año.
• En daños físicos o psíquicos, ese año suele contarse desde la curación o desde que se conoce el alcance definitivo de las secuelas (no necesariamente desde el día del acto médico).
• Este punto es clave porque determina si aún se está a tiempo de reclamar.

• Se analiza si hubo infracción de la lex artis (mala praxis) y si hay nexo causal entre la actuación/omisión y el daño.
• Si no puede demostrarse con claridad que la actuación evitaba el resultado, a veces el caso se enfoca como “pérdida de oportunidad” (indemnización proporcional a la oportunidad real perdida).
• El perito también ayuda a valorar y cuantificar el daño (secuelas, días de perjuicio, gastos, etc.), porque la carga de probar los daños corresponde al reclamante. 

• Se analiza si hubo infracción de la lex artis (mala praxis) y si hay nexo causal entre la actuación/omisión y el daño.
• Si no puede demostrarse con claridad que la actuación evitaba el resultado, a veces el caso se enfoca como “pérdida de oportunidad” (indemnización proporcional a la oportunidad real perdida).
• El perito también ayuda a valorar y cuantificar el daño (secuelas, días de perjuicio, gastos, etc.), porque la carga de probar los daños corresponde al reclamante. 

• Se analiza si hubo infracción de la lex artis (mala praxis) y si hay nexo causal entre la actuación/omisión y el daño.
• Si no puede demostrarse con claridad que la actuación evitaba el resultado, a veces el caso se enfoca como “pérdida de oportunidad” (indemnización proporcional a la oportunidad real perdida).
• El perito también ayuda a valorar y cuantificar el daño (secuelas, días de perjuicio, gastos, etc.), porque la carga de probar los daños corresponde al reclamante. 

• En términos generales, se suele intentar un acuerdo extrajudicial con el centro y/o su aseguradora (reclamación previa, negociación).
• Si no hay acuerdo, se plantea la vía judicial civil contra los responsables y, en su caso, la aseguradora (en la documentación aportada por el usuario hay ejemplos de litigios contra aseguradoras por mala praxis). 

Si se elige reclamar por vía administrativa y esa resolución desestimatoria se vuelve firme por no recurrirse en lo contencioso-administrativo, no puede después usarse la vía civil para reclamar contra la aseguradora intentando “reabrir” el caso. 

Suele solicitarse, según el supuesto:

• Historia clínica completa (urgencias, ingresos, pruebas, consentimientos, informes de alta, etc.).
  Informes médicos actuales y de evolución (secuelas).
• Parte de lesiones, informes psicológicos/psiquiátricos si procede.
• Facturas y justificantes de gastos (rehabilitación, medicación, desplazamientos, ayuda de terceros, etc.), porque deben acreditarse.
• Documentos laborales/económicos si se reclama lucro cesante o pérdidas económicas.
• Reclamación previa ya presentada y respuesta (si la hay), cuando se trate de vía administrativa. 

Suele solicitarse, según el supuesto:

• Historia clínica completa (urgencias, ingresos, pruebas, consentimientos, informes de alta, etc.).
  Informes médicos actuales y de evolución (secuelas).
• Parte de lesiones, informes psicológicos/psiquiátricos si procede.
• Facturas y justificantes de gastos (rehabilitación, medicación, desplazamientos, ayuda de terceros, etc.), porque deben acreditarse.
• Documentos laborales/económicos si se reclama lucro cesante o pérdidas económicas.
• Reclamación previa ya presentada y respuesta (si la hay), cuando se trate de vía administrativa. 

• La competencia es del orden contencioso-administrativo para reclamar responsabilidad patrimonial de la
• Administración.
  Si hubo reclamación administrativa y hay resolución expresa, el plazo para acudir al juzgado contencioso suele ser de 2 meses desde la notificación. 

Se acude normalmente a la jurisdicción civil, planteando la reclamación de responsabilidad por la asistencia recibida (frecuentemente con apoyo pericial). (En las fuentes aportadas se recogen supuestos de reclamación civil por mala praxis y pérdida de oportunidad).

• Demanda contencioso-administrativa: cuando se reclama responsabilidad patrimonial frente a un servicio público de salud/Administración (tras la vía administrativa).
• Demanda civil: cuando el daño deriva de asistencia en centro privado (y, en su caso, frente a la aseguradora del responsable).