Ejecución de Sentencia

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Abogados especialistas en ejecuciones de sentencia

Obtener una sentencia favorable o un convenio regulador aprobado por un juez es solo el primer paso; lo verdaderamente crucial es que se cumpla de forma efectiva. Cuando la otra parte se niega de manera voluntaria a abonar las cantidades fijadas o a acatar las medidas acordadas, la ley pone a tu disposición la ejecución de sentencia para forzar su cumplimiento mediante el auxilio de los tribunales.

Especialistas en convenios reguladores

Si buscas un abogado especialista en ejecuciones de sentencia en Alcalá de Henares, en Juriscentrum os brindamos la contundencia y la rapidez que necesitáis para no dejar vuestros derechos en papel mojado. Nos encargamos de interponer la correspondiente demanda ejecutiva para activar embargos de bienes, averiguar patrimonios ocultos o exigir el cumplimiento estricto de las medidas familiares de forma prioritaria.

¿Qué tipo de ejecuciones judiciales tramitamos?

Cuando una sentencia, auto o convenio regulador firme no se cumple de manera voluntaria, el ordenamiento jurídico español pone a nuestra disposición el procedimiento de ejecución. En Juriscentrum nos encargamos de activar los mecanismos judiciales adecuados según la naturaleza del incumplimiento:

Ejecución de medidas dinerarias: Reclamación del pago de impagados (pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, gastos extraordinarios de los hijos o indemnizaciones) mediante la solicitud directa de embargos de nóminas, cuentas bancarias o devoluciones de Hacienda.
Ejecución de medidas no dinerarias: Obligación de hacer o dejar de hacer. Aplicado principalmente en el ámbito familiar para forzar el cumplimiento del régimen de visitas, la entrega de documentación o la restitución de la guarda y custodia.
Averiguación patrimonial e investigación de bienes: Utilización del Punto Neutro Judicial para localizar ingresos, inmuebles o vehículos del deudor que intente declararse insolvente.
Apercibimientos y multas coercitivas: Solicitud de penalizaciones económicas periódicas e incluso la apertura de la vía penal por delito de abandono de familia si persiste el impago de pensiones.

¿En qué consiste una ejecución de sentencia?

Una ejecución de sentencia es el procedimiento judicial que se inicia cuando una persona no cumple de forma voluntaria lo dictado por un juez en una sentencia o resolución judicial firme (o en un acuerdo homologado judicialmente, como un convenio regulador).

En términos sencillos: es la fase del proceso en la que se le pide al juzgado que pase de las palabras a los hechos y fuerce al obligado a cumplir lo acordado o juzgado.

¿Para qué sirve exactamente?

Tener una sentencia a favor es un reconocimiento legal de un derecho, pero por sí sola (en un papel) no cobra deudas ni hace que la otra parte entregue a los hijos en un régimen de visitas. La ejecución judicial sirve para activar el auxilio y la autoridad del Estado mediante:

Embargos directos: Retención de nóminas, cuentas bancarias, devoluciones de Hacienda, vehículos o inmuebles para saldar deudas de dinero (como pensiones de alimentos o indemnizaciones).
Requerimientos bajo apercibimiento: Reclamaciones formales del juez bajo amenaza de multas coercitivas mensuales si no se cumple una obligación (por ejemplo, respetar el régimen de visitas o entregar la vivienda).
Sustitución de la voluntad: Si la persona obligada se niega a firmar un documento (como la venta de un inmueble común o la autorización para expedir el pasaporte de un menor), el propio juez firma en su lugar.

Abogado para ejecuciones de
sentencia

Nos encargamos de interponer la correspondiente demanda ejecutiva para activar embargos de bienes, averiguar patrimonios ocultos o exigir el cumplimiento estricto de las medidas familiares de forma prioritaria.

¿Cuáles son los requisitos para solicitarla?

Existencia de un título ejecutable: Contar con una sentencia firme, un auto, un decreto judicial o un convenio regulador aprobado por el juzgado.
Plazo de cumplimiento voluntario superado: Por norma general, tras la notificación de la sentencia, la ley otorga 20 días hábiles para que la otra parte cumpla de manera voluntaria. Transcurrido ese plazo sin cumplimiento, se puede presentar la demanda ejecutiva.
Plazo de caducidad: El derecho a pedir la ejecución de una sentencia caduca a los 5 años desde que la resolución quedó firme o desde que se produjo el incumplimiento de las cuotas periódicas.
Intervención de Abogado y Procurador: Es obligatorio contar con representación legal para interponer la demanda de ejecución ante el mismo juzgado que dictó la resolución inicial.

Lo que opinan nuestros clientes

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Dudas sobre ejecuciones de sentencia

Preguntas frecuentes sobre ejecuciones de sentencia

¿Cuánto tiempo hay que esperar para pedir la ejecución de una sentencia?

En resoluciones judiciales que condenen al pago de dinero (como pensiones de alimentos), la ley establece un margen voluntario de 20 días hábiles desde la notificación de la sentencia para que el obligado pague voluntariamente. Transcurrido ese plazo sin que haya cumplido, se puede interponer la demanda de ejecución de forma inmediata.

¿Qué ocurre si la persona que debe la pensión de alimentos dice que no tiene trabajo ni dinero?

Si el ejecutado no paga alegando falta de ingresos, el juzgado iniciará a instancia de nuestro abogado una investigación patrimonial completa a través de las bases de datos de Hacienda, la Seguridad Social y el Registro de la Propiedad. Además, en el caso de las pensiones alimenticias, no se aplica el límite de inembargabilidad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que el juez puede embargar un porcentaje de cualquier ingreso por bajo que sea.

¿Hasta cuántos años hacia atrás puedo reclamar las pensiones impagadas?

Las pensiones de alimentos no reclamadas caducan a los 5 años. Esto significa que puedes reclamar judicialmente todas las cuotas que te hayan dejado de pagar durante los últimos cinco años contados hacia atrás desde el día en que se presenta la demanda de ejecución.

¿Pueden cobrarme las costas judiciales del abogado y procurador la persona que no cumple?

Sí. En los procedimientos de ejecución monetaria, las costas procesales (los honorarios del abogado y del procurador) corren a cargo del ejecutado que ha incumplido la sentencia, añadiéndose habitualmente un 30% provisional sobre la cantidad adeudada para cubrir dichos gastos e intereses de demora.

¿El incumplimiento de la sentencia de divorcio o separación puede convertirse en un delito penal?

Sí. Si el impago de la pensión alimenticia se prolonga durante 2 meses consecutivos o 4 meses alternos, deja de ser solo un asunto civil para convertirse en un delito de abandono de familia (artículo 227 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 12 meses o multas.